La ‘ruptura’ laboral del PP: transgrediendo líneas rojas

Una de las lecciones que puede extraerse del incuestionable éxito de las movilizaciones del 29-M es que se ha puesto de manifiesto que los ciudadanos son muy conscientes de las graves implicaciones que tiene la reforma (por su dimensión, mejor “ruptura”) laboral aprobada por el Gobierno del PP hace ahora siete semanas. Estas líneas pretenden, de forma sintética, precisar algo más los contornos de lo que no es exagerado en calificar como la regresión social más grave del periodo democrático.

Desde la reinstauración de la democracia en España, y como sucede en los países europeos de nuestro entorno, nuestro modelo de relaciones laborales se ha basado en el equilibrio entre la libertad de empresa y el derecho al trabajo; un equilibrio en el que la prevalencia económica del empleador es compensada a través de una protección singular de los trabajadores como individuos, así como del reconocimiento de éstos como sujeto colectivo con capacidad de actuación en defensa de sus intereses. El  Decreto-ley 3/2012 dinamita los pilares de ese diseño equilibrado: pese a lo que reivindica la “esquizofrénica” (BAYLOS) exposición de motivos de la norma, el rasgo fundamental del nuevo marco de relaciones laborales es la pérdida de ese equilibrio a costa de los trabajadores, de sus derechos individuales y colectivos.

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