Apoyo a la Huelga del 29-M: No a la ruptura laboral

29M Huelga GeneralLos sindicatos UGT y CCOO han convocado para el 29 de marzo una huelga general contra la reforma laboral impuesta por el Gobierno, contra el recorte de los derechos sociales de los ciudadanos y contra la política de drástica reducción del gasto público que está afectando a los servicios públicos esenciales. Coincide este llamamiento con el realizado por los sindicatos de ámbito autonómico en el País Vasco, Navarra y Galicia, conformando así una convocatoria generalizada para ese día del movimiento sindical en el conjunto del Estado.

Desde Líneas Rojas apoyamos sin reservas esta convocatoria de huelga, una medida obligada por el calibre de la agresión que supone la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, la más regresiva y radical de nuestra historia democrática.

El “decretazo de ruptura laboral” no es una reforma más, sino que rompe el equilibrio básico entre empresarios y trabajadores –consagrado por la Constitución– que a lo largo de los últimos treinta años siempre había sido respetado. Porque lo que ahora hace el Gobierno del PP es sencillamente desequilibrar fuertemente las relaciones laborales para darle el máximo poder al empresario y nula protección al trabajador, desmantelando las principales instituciones laborales de nuestro país. El objetivo real de la reforma es doble: de un lado, otorgar al empresario un poder sin límites ni apenas control en la toma de decisiones en la empresa; de otro, introducir el “dumping social”, la rebaja de los estándares en las condiciones laborales, como vía para ganar competitividad.

Para ello se introducen medidas en todos los campos de la relación laboral: un nuevo contrato con un período de prueba de un año, durante el cual el trabajador puede ser despedido sin causa real ni indemnización; una drástica rebaja del coste del despido injustificado, tanto para los nuevos empleados como para los que ya están trabajando; una puerta abierta a los EREs, desvirtuando las causas exigidas para los despidos y eliminando el control administrativo; la posibilidad de que el empresario rebaje el salario o que cambie cualquier otra condición de trabajo discrecionalmente; la primacía obligatoria de lo pactado en los convenios de empresa frente a los sectoriales, lo que en el caso de las pymes implicará que los trabajadores tendrán que significarse individualmente en la defensa de sus derechos o asumir las decisiones unilaterales de su jefe; por citar alguno de los cambios más significativos.

Y todo ello sin que vaya a tener ningún impacto positivo sobre la creación de empleo o sobre la reducción de nuestro dramático nivel de desempleo, que seguirá creciendo como reconoce el propio Ejecutivo. En torno a 630.000 empleos se destruirán en 2012, según las previsiones –seguramente optimistas– oficiales.

Además, el Gobierno ha abordado esta reforma haciendo gala de los peores tics antidemocráticos que se puedan esperar de un Ejecutivo con mayoría absoluta parlamentaria, sin siquiera consultar a las organizaciones sindicales y empresariales, y tergiversando de forma reiterada y descarada sobre ello. La amplitud y el calado de la reforma, su complejidad técnica y la minuciosidad de sus modificaciones, reflejan que se trata de una norma pensada y madurada durante largo tiempo, y que los actuales responsables del Gobierno probablemente tenían ya meditada y decidida antes de acceder al mismo. La falta de diálogo ha sido, pues, deliberada.

Esta reforma laboral es en el fondo una pieza más de la demolición programada de nuestro Estado de bienestar, de los derechos de los trabajadores y de los derechos de ciudadanía que se está acometiendo ya. Envalentonado por su amplia mayoría parlamentaria, el Gobierno está emprendiendo en esta primera fase de su mandato –menos de tres meses- las actuaciones más regresivas, al amparo del miedo y falta de expectativas en que la crisis ha sumido a buena parte de la ciudadanía. Todo apunta a que los Presupuestos del Estado para 2012 contendrán más recortes en los servicios públicos y, en general, en la capacidad de incidencia del sector público para corregir las desigualdades y desarrollar políticas de igualdad y redistribución.

Por todo ello, esta huelga general está más que justificada. Frente a una agresión de la magnitud de la reforma laboral, y ante el desprecio por el diálogo del Ejecutivo, sólo cabe una respuesta colectiva, contundente y solidaria. Desde LR animamos a todos los trabajadores y a toda la ciudadanía a que se informen del contenido de la reforma laboral, a que descubran qué supone y cómo les afectan sus medidas. A que se orienten sobre el impacto que están teniendo ya las actuaciones de recorte del gasto público que están acometiendo los Gobiernos del PP, estatal y autonómicos, sobre los servicios públicos esenciales (educación, sanidad, dependencia). Y a que actúen en consecuencia contra este injusto y agresivo recorte de sus derechos laborales y sociales.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>